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La regulación del mercado de valores español. La normativa europea MIFID

La normativa española relativa a los mercados de valores e instrumentos financieros se encuentra profundamente marcada por normas de carácter europeo tras la transposición de la Directiva de instrumentos financieros, conocida como MiFID. La transposición se realizó a través de dos normas: la Ley 47/2007 que supuso una importante modificación de la Ley 28/1988, del Mercado de Valores español (LMV) y, el Real Decreto 217/2008, que estableció el régimen jurídico aplicable a las entidades que prestan servicios de inversión.

1. Entorno de negociación

De acuerdo con la LMV, en el entorno de negociación español se encuentran los mercados regulados (MR), los sistemas multilaterales de negociación (SMN) y los internalizadores sistemáticos (IS).

  • Mercados regulados (MR). Son los mercados secundarios oficiales en la LMV. Son sistemas multilaterales de negociación que permiten reunir los diversos intereses de compra y venta sobre instrumentos financieros para dar lugar a contratos con respecto a los instrumentos financieros admitidos a negociación, y que están autorizados conforme a la ley.
  • Sistema multilateral de negociación (SMN). Es todo sistema de negociación gestionado por una empresa de servicios de inversión (ESI) o por una sociedad rectora de un mercado secundario oficial, que permite reunir dentro del sistema los diversos intereses de compra y venta sobre instrumentos financieros para dar lugar a contratos.
  • Internalizador Sistemático (IS). Son las empresas de servicios de inversión (ESI) y las entidades de crédito que ejecuten, al margen de un mercado regulado o de un sistema multilateral, por cuenta propia, las órdenes de clientes sobre acciones admitidas a negociación en mercados regulados, de forma organizada, frecuente y sistemática. La operativa de los IS está sujeta al cumplimiento de determinados requisitos en materia de transparencia y tamaño de las operaciones.

En este marco en el que un mismo valor se puede contratar en diversos centros de negociación adquiere capital importancia la información. Con el fin de evitar situaciones de trato injusto para los clientes la LMV ha establecido para cada uno de los sistemas de negociación unas obligaciones de transparencia previa a la negociación y de transparencia posterior a la negociación.

Régimen de Transparencia

Los Mercados Secundarios oficiales, a fin de procurar la transparencia del mercado y la eficiencia en la formación de los precios, están obligados a difundir con carácter público, previamente a la negociación, los precios de compra y venta existentes en cada momento y la profundidad de las posiciones de negociación a esos precios que se difunden a través de sus sistemas, con respecto a las acciones admitidas a cotización en ellos. Con el mismo fin de transparencia y eficiencia, los mercados secundarios oficiales harán público el precio, el volumen y la hora de ejecución de las operaciones ya concluidas.

Para los sistemas multilaterales de negociación la ley establece unos ciertos requisitos organizativos y de transparencia previa y posterior a la negociación de acciones, en un nivel similar al de los mercados secundarios oficiales.

Las obligaciones de transparencia previa a la negociación establecidas para los internalizadores sistemáticos son diferentes dependiendo de si la acción negociada tiene o no un mercado líquido y de que el volumen de la orden supere o no al volumen estándar del mercado.

  • Transparencia pre-negociación. Los internalizadores sistemáticos deberán hacer públicas las cotizaciones en firme con carácter general cuando las órdenes de los clientes se refieran a acciones admitidas a cotización para las que exista un mercado líquido y cuando dichas órdenes sean iguales o inferiores al volumen estándar del mercado para una categoría de acciones.

    Cuando se trate de acciones para las que no exista un mercado líquido los internalizadores sistemáticos divulgaran las cotizaciones únicamente a petición de los clientes.

    Cuando se trate de acciones para las que exista un mercado líquido, pero el volumen de las órdenes supere el estándar del mercado los internalizadores sistemáticos no estarán sujetos a la obligación de publicar sus cotizaciones en firme.

  • Transparencia pos-negociación. Los internalizadores sistemáticos harán público el volumen y el precio de las transacciones que realicen sobre acciones admitidas a negociación en mercados regulados, al margen de mercados regulados o de un sistema multilateral de negociación.

2. Autoridades supervisoras

La cooperación en materia de supervisión se torna esencial a medida que avanza la integración del mercado europeo y la actividad del negocio es transnacional. El régimen establecido a partir de la trasposición de la MIFID para regular la información que debe comunicarse sobre las operaciones con instrumentos financieros tiene por objeto garantizar que las autoridades competentes pertinentes estén debidamente informadas de las operaciones que deben supervisar. Para ello es necesario garantizar que en todas las empresas de inversión se recoja un único conjunto de datos con mínimas diferencias entre Estados miembros, con el fin de minimizar las diferencias en las obligaciones de información que afectan a las empresas que realizan operaciones transfronterizas, y de que las autoridades competentes puedan disponer de la máxima proporción posible de datos que puedan compartirse con otras autoridades competentes.

El Comité Europeo de Reguladores de Valores (CESR) ha trabajado en los últimos años en el desarrollo de medidas que desarrollen la convergencia supervisora en Europa. En enero de 2011 el CESR ha pasado a denominarse Autoridad Europea de Mercados y Valores (ESMA) y ha adoptado, frente a su labor consultiva anterior, capacidad resolutiva, lo que le permite adoptar decisiones legalmente vinculantes.

3. Empresas de servicios de inversión (ESI)

El régimen jurídico de las empresas de servicios de inversión y de las demás entidades que prestan servicios de inversión se encuentra recogido en el Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero de 2008 y en la Circular de la CNMV 10/2008, de 30 de diciembre de 2008, sobre empresas de asesoramiento financiero.

Las empresas de servicios de inversión (ESI) son aquellas empresas cuya actividad principal consiste en prestar servicios de inversión, con carácter profesional, a terceros sobre los instrumentos financieros señalados por la Ley.

Son empresas de servicios de inversión las siguientes:

  1. Las sociedades de valores. Son empresas de servicios de inversión que pueden operar profesionalmente, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, y realizar todos los servicios de inversión y servicios auxiliares.

  2. Las agencias de valores. Son empresas de servicios de inversión que profesionalmente sólo pueden operar por cuenta ajena, con representación o sin ella. Pueden realizar los servicios de inversión y lo servicios auxiliares, con algunas excepciones.

  3. Las sociedades gestoras de carteras. Son empresas de servicios de inversión que exclusivamente pueden prestar la gestión discrecional e individualizada de carteras de inversión con arreglo a los mandatos conferidos por los clientes y el asesoramiento en materia de inversión.

  4. Las empresas de asesoramiento financiero. Son personas físicas o jurídicas que exclusivamente pueden prestar los servicios de asesoramiento en materia de inversión, el asesoramiento a empresas sobre estructuras del capital, estrategia industrial, fusiones y adquisiciones, y la elaboración de informes de inversiones y análisis financieros u otras formas de recomendación general relativa a las operaciones sobre instrumentos financieros.
    El asesoramiento en materia de inversión ha pasado a ser considerado como un servicio de inversión y, por tanto, las personas o entidades que se dedican a esta actividad con carácter profesional tienen que ser empresas de servicios de inversión (ESI).

  5. Las entidades de crédito y las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva están sujetas a las previsiones de la Ley del Mercado de Valores cuando presten servicios de inversión con arreglo a lo dispuesto en la Ley.

    Las ESI podrán designar agentes vinculados para el desarrollo de los servicios de inversión. Dichos agentes actuarán en exclusiva para una sola empresa de servicios de inversión.

4. Normas de conducta para las empresas de servicios de inversión

La LMV establece en el Título VII, un catálogo de normas de conducta que deben respetar las entidades que presten servicios de inversión. Hay que destacar que no se establece un nivel único y homogéneo de protección sino que la ley reconoce la realidad existente hoy en día en los mercados financieros, en los que se ha diversificado el perfil del inversor.

Clases de Clientes

Las normas de conducta obligan a que las entidades clasifiquen a sus clientes en función de sus conocimientos, experiencia financiera, perfil y objetivos de inversión. Tres son los tipos de clientes definidos en la LMV.

  • Minoristas

    Tienen el mayor nivel de protección y se encuadran en esta categoría los clientes que no puedan ser calificados como profesionales o contraparte elegible. Se incluirán en esta categoría las personas físicas, los autónomos, las pequeñas empresas, etc.

  • Profesionales

    Clientes sobre los que se presuma la experiencia, conocimientos y cualificación necesarios para tomar sus propias decisiones de inversión y valores correctamente sus riesgos. Se incluyen en esta categoría las entidades financieras, Estados, Administraciones regionales, bancos centrales, inversores institucionales y grandes empresas.

  • Contrapartes elegibles

    Son personas jurídicas que cumpliendo los requisitos para ser clasificados como profesionales forman parte de los siguientes grupos: Empresas de servicios de inversión, entidades de crédito, entidades aseguradoras, instituciones de inversión colectiva, fondos de pensiones, sociedades gestoras, otras entidades financieras autorizadas o reguladas , gobiernos nacionales, etc.

Test de idoneidad y conveniencia

Las entidades que prestan servicios de inversión tienen además de unas obligaciones de información a los clientes, la exigencia de realizarles un test o examen de idoneidad con carácter previo a la prestación del servicio.

Obligaciones de información

Las entidades que prestan servicios de inversión deberán mantener, en todo momento, informados a sus clientes. La información dirigida a los clientes, incluida la publicidad, deberá ser imparcial, clara y no engañosa. En la información precontractual que debe facilitarse a los clientes se les dará, de forma comprensible, información sobre la entidad y los servicios que presta, sobre los instrumentos financieros y sobre los gastos y costes asociados, de modo que el cliente pueda comprender los riesgos del servicio financiero y del instrumento financiero.

La mejor ejecución (“best execution”) y gestión de órdenes

La mejor ejecución es la obligación, impuesta a las personas o entidades que prestan servicios de inversión, de adoptar las medidas razonables para obtener el mejor resultado posible para las operaciones de sus clientes teniendo en cuenta el precio, los costes, la rapidez y probabilidad en la ejecución y cualquier otro elemento relevante para la ejecución de la orden.

La obligación de mejor ejecución se llevará a cabo mediante una política de ejecución de órdenes que las entidades deberán aprobar y que deberán conocer sus clientes. Dentro de esta política de ejecución deben incluirse los centros de negociación y entre éstos deben figurar aquellos que permitan la obtención del mejor resultado posible para los clientes.

 

 

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